Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en triunfo de la "mano dura": hacia la conformación de un Estado Penal

La recientemente publicada ley de responsabilidad penal juvenil (LRPJ), que comenzó a regir el pasado 8 de junio, fue el resultado de una largo proceso de reforma a la Ley de Menores de 1967, cuyo proyecto inicial fue enviado al legislativo el año 2002 en respuesta al compromiso adquirido por nuestro país al suscribir la Convención de los Derechos del Niño en 1990, de establecer un sistema jurídico especial para el tratamiento de los delitos cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años.

Inicialmente, la idea detrás del proyecto era sustituir el Modelo Tutelar basado en la ideología de la infancia abandonada/delincuente (o doctrina de la "situación irregular") según la cual un niño abandonado sería un candidato inevitable a la delincuencia, y que ha justificado durante décadas el predominio de políticas públicas hacia la infancia y la juventud basadas en una superposición entre la política criminal y social, y en las cuales, además, han primado los aspectos sancionadores por sobre los sociales.

En este sentido, en contraste con los discursos que día tras día nos transmiten a viva voz los representantes de grupos de derecha y conservadores, es importante enfatizar que la ley de menores tanto tiempo vigente, lejos de haber sido un sistema que favoreciera la impunidad, al no establecer garantías, al consagrar la discrecionalidad absoluta del juez, al no tipificar las conductas posibles de ser sancionadas, al no establecer las garantías del debido proceso, se transformaba, muy por el contrario, en un sistema penal reforzado. Y al mismo tiempo (por el trámite del discernimiento) dejaba a muchos/as jóvenes infractores de la ley, libres de toda responsabilidad por sus actos.

El proyecto de Ley de RPJ, tuvo el propósito de crear un moderno sistema de responsabilidad penal para los y las jóvenes que favoreciera su reintegración social en un marco de reconocimiento de sus derechos y garantías fundamentales frente a la acción estatal, además de aquellas especiales derivadas de su calidad de "joven" o "adolescente" (pues la Convención de los Derechos del Niño, reconoce garantías especiales a estas personas, derivadas de su calidad de sujetos en desarrollo). Por ejemplo: se establecían ciertos principios de excepcionalidad y brevedad de la privación de la libertad, que pretendían resguardar la dignidad del adolescente y reconocer la existencia de un sujeto con una identidad particular, que no puede ser sometido a la misma respuesta sancionatoria que un adulto. La ley debería promover primordialmente la inclusión social, familiar y comunitaria del adolescente: responsabilidad penal significará en este contexto el establecimiento de un marco de responsabilidad bilateral entre el Estado y sus ciudadanos.

Sin embargo, en el texto final aprobado por la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, se modificó de manera sustancial el marco de sanciones fijado por la Cámara de Diputados, que advertía que la privación de libertad sería usada como último recurso y durante el periodo más breve. La Comisión del Senado señaló que extendería su uso, previéndola para la mayoría de los delitos, y además, aumentaría su duración máxima para los jóvenes mayores de 16 años (con este cambio, por ejemplo, se pone a un mismo nivel de respuesta punitiva un delito contra la propiedad que una infracción contra la integridad de las personas).

Efectivamente, la nueva ley, lejos de establecer un sistema de justicia especializado para los y las jóvenes, exige que las penas preescritas sean las mismas que se aplicarían a un adulto, aunque reducidas a un grado. Lo que en resumidas cuentas significa, que la LRPJ mantiene dependencia y continuidad con el Código Penal y desconoce en la praxis las exigencias internacionales de derecho de menores, que exigen el reconocimiento de un sistema penal especial y diferenciado.

Al mismo tiempo, la escasa recepción que tuvo la participación de la sociedad civil en la discusión y definición de las reformas, la hegemonía a nivel nacional de los discursos y posturas autoritarias en materia de seguridad ciudadana, unidos al endurecimiento, pérdida de especificidad y debilitamiento de las posturas garantistas por parte de los parlamentarios, evidencia el traspaso ideológico de doctrinas como la de la "situación irregular" a otras más cercanas a la del "enemigo interno": los jóvenes representan un peligro por el solo hecho de serlo.

La doctrina de la "tolerancia cero" y la "seguridad ciudadana", se expresa como un mecanismo de violencia simbólica que opera de manera cotidiana en los discursos de los medios de comunicación, que de manera simplista, a-histórica y descontextualizada, etiquetan y marcan a los sujetos. Lo que hay aquí, entonces, es una especie de "transferencia" de responsabilidades: al tratar la violencia, la falta de seguridad y el incremento de la delincuencia sin contextos sociopolíticos, se hace aparecer a ciertos sectores de la sociedad como, por ejemplo, la juventud empobrecida, como los responsables directos de la inseguridad en las ciudades, favoreciendo así el clima de hostigamiento y represión que justifica las medidas legales e ilegales que se emprenden en contra de estas personas. En este contexto, se torna indispensable que sectores de la sociedad civil, ONG.S y organismos internacionales especializados en temas de infancia y adolescencia continúen impulsando la conformación una plataforma social que promueva y ejecute acciones que permitan el control y el monitoreo del funcionamiento de la justicia penal adolescente. Y esto resulta de toda urgencia, puesto que lo que está en juego es cautelar que el futuro de muchísimos/as jóvenes chilenos/as no sea decidido en el marco de las arbitrariedades que estimula el discurso de la "seguridad ciudadana".


Paulina Pavéz V.
Socióloga

Seres para la muerte

Cada cierto tiempo la muerte ronda en el país, o tal vez jamás se ha retirado del todo, y vuelve a mostrarnos su rostro con la fuerza característica de la violencia: la irreversibilidad. Hace no mucho un obrero forestal murió acribillado por balas de Carabineros, quienes dicen dispararon en defensa propia. Tras el once de septiembre recién pasado murió un cabo de Carabineros luego de recibir una bala en la cabeza. El trabajador forestal tenía apenas 26 años de edad y el cabo solo 34. Rodrigo Cisternas y Cristián Vera. Ambos dejan viudas atrás a cargo de menores de edad que crecerán sin las figuras de sus padres presentes.

Nuevamente una subametralladora y un revolver, otra vez la lógica del amigo y el enemigo, y la espiral parece que se enciende, y no falta quien, por lado y lado, casi celebra que hayan nuevos mártires. Algunos traerán a colación eso de que "él se lo buscó, en algo andaba" o "eso le pasa por ser paco". Dos trabajadores caen abatidos por la fuerza de la tecnología puesta al servicio de la neutralización del otro, mientras la mayoría está preocupada de que al fin Chile le gana a Austria jugando al fútbol.

Ser para la muerte de una sociedad que teniendo todos los recursos a mano para desarrollarse y lanzarse a conquistar su felicidad con mayor libertad e igualdad, se extravía en la maravilla de la acumulación y el consumo, mientras la cuota de muertos parece ir al alza. La Moneda es cercada y las mujeres viudas, hermanas e hijas de detenidos desaparecidos son arrestadas en su frontis, no vaya a ser cosa que si acceden más allá de lo que las vallas permiten alteren el orden público y pongan en riesgo la paz social. Hubo políticos dignos que renunciaron por menos que eso, como don Fernando Castillo Velasco a principios de los noventa que dejó su cargo de Intendente por no estar dispuesto a firmar un decreto que prohibiría una marcha junto al Palacio de Gobierno de las agrupaciones de derechos humanos y el Partido Comunista con motivo del 11 de septiembre.

Ser para la vida es lo que debiera guiar la convivencia, el siendo juntos. La confianza y no el temor. Y no cabe duda que el carabinero que disparó, tal como el obrero que protestaba, así como quien baleó al cabo que murió, forman parte de la mayoría pobre y sacrificada del país. Pueblo contra el pueblo, unos de overol y otros de uniforme, vidas que día a día se apagan y cuyas estadísticas no afectan los índices macroeconómicos. Pareciera que sobraran, que están demás, que son desechables.

Esta violencia no es individual, no nos viene transmitida en forma genética. Es social, personas que son suicidadas por su sociedad. Un hijo de ejecutado político lanza su hija pequeña por el balcón en medio de una discusión con su pareja también víctima de la violencia política. Una recién convertida en madre, profesora de danza, muere por septisemia entre sus amigos que la atienden sin conocimientos en una comunidad alternativa que no desea tener contacto con la institucionalidad de la salud oficial porque consideran que es ésta la que los lleva a la muerte. Un obrero dirigente sindical pierde el ojo en una marcha del primero de mayo donde autoproclamados defensores de los trabajadores lo atacan porque consideran que los sindicatos ya no defienden a los trabajadores.

La muerte no se ha ido y nuevos hijos e hijas pierden a los suyos en forma irreversible. "Su muerte no ha sido en vano" dirá alguien en algún discurso. "Es culpa del Gobierno, es culpa de la izquierda, es culpa de la derecha, son los milicos, Bush, es la raza, es el calentamiento global", dirán otros.

Y esos niños crecerán y muy pocos estarán en condiciones de atravesar el desierto del terror y llegar ilesos a alguna orilla firme, amable y humana. Nuevos hijos se armarán de una subametralladora y un revolver, y usarán algún uniforme, verde, rojo o negro, y empuñarán un arma o levantarán el puño cerrado. Vivirán el don de la vida a puño limpio. Muy pocos serán capaces de mirar el horror al espejo y ver en sus propios rostros a la humanidad dañada, y darse cuenta que son las condiciones sociales imperantes las que nos arrojan a matarnos siendo que todos somos lo mismo, seres que decimos llamarnos humanos. Que difícil asumir que la solución no pasa por la eliminación del otro, sino por la transformación activa y creativa de aquellas condiciones sociales que nos fijan y objetivan como opresores y oprimidos, víctimas y victimarios. Y habrá, como siempre, resistencia para hacer los cambios.

Lo más fácil, aparentemente, es dotarnos de más armas, de imponer respeto a través de la represión, incrementando la vigilancia, el control, el castigo, la exclusión. Pero no. La violencia, ya sea en su forma institucionalizada o desde el margen, solo genera más violencia. Es un eslabón que se encadena a otro, que se potencia, y termina reventando en las manos de su propio autor. Solo el trabajo social cotidiano, integrador, justo, equitativo y amable permiten revertir lo que causa la violencia. No la represión, tampoco la agudización de las contradicciones. Más humanidad, ¿tan imposible es?

La muerte vuelve a tomar la iniciativa en contra de la palabra, el debate, el argumento, la razón y el corazón digno, que no se rebaja a repetir en su accionar aquello que critica. Y la realidad se torna tan dura que estas palabras que escribo ya creo que comienzan a ser vistas como blandas, amarillas, entregadas, traidoras, enemigas. Pero algunos de quienes conocemos la muerte de cerca no nos cansaremos de insistir aunque sea inconducente: vivamos la vida para vivir y dar vida, nunca quitarla. Con la muerte, inexorablemente y siempre, perdemos todos.


Manuel Guerrero Antequera
NUEVA IZQUIERDA