LA MEMORIA, LA CIUDAD Y SUS FRAGMENTOS

PROCESOS DE RESIGINFICACIÓN
ENTRE LO SIGNIFICATIVO, LO COTIDIANO Y LO PROYECTADO
CARLA PEÑALOZA PALMA
SEBASTIÁN TRONCOSO STOCKER *
ponencia ha presentar en el coloquio internacional politicas públicas y memoria, Barcelona, 17-20 Octubre 2007

“Tal como hay centros históricos,
lugares que la historia
ha considerados como centros,
hay periferias hechas por la historia.
Estas periferias históricas son lugares
que el tiempo y la memoria
han arrinconado al margen de lo cotidiano.
Aunque puede tratarse de zonas centrarles
desde el punto de vista topográfico,
el inconsciente urbano disimula
aquellas áreas que no quiere reconoce,
por incómodas, confusas o conflictivas”



I. PRESENTACIÓN


Toda comunidad tiene derecho al recuerdo y debe ser propio de los sistemas democráticos garantizar la libertad de expresión de las memorias diversas y plurales que necesariamente conviven dentro de una misma sociedad. Esto adquiere especial relevancia en aquellas sociedades que han vivido procesos traumáticos como resultado de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos desde el Estado. En estos casos es especialmente importante favorecer la recuperación de la memoria de las víctimas de la represión de un otrora estado terrorista, así como trabajar por repararlas material y moralmente.
La memoria es parte de la identidad, y su expresión en el espacio público, en la mayoría de los casos, permite avanzar en los procesos de reparación para las víctimas, así como en educar a la ciudadanía en la idea de que hechos de violencia como los mencionados, no deben volver a ocurrir nunca más. Recordar a las víctimas, se convierte así en un acto de justicia, al reconocer su vida y las circunstancias de su muerte, así como una lección para las generaciones futuras.
Como señala Ricoeur: “No debemos olvidar, en primer lugar, para resistir el arruinamiento universal que amenaza a las huellas dejadas por los acontecimientos. Para conservar las raíces de la identidad y mantener la dialéctica de la tradición y de la innovación, hay que tratar de salvar las huellas. Ahora bien, entre estas huellas se encuentran también las heridas inflingidas por el curso violento de la historia a sus víctimas. No debemos olvidar, por tanto, también y quizás sobre todo, para continuar honrando a las víctimas de la violencia histórica.” .
Superado el siglo XX, el siglo de la violencia, “los procesos de memorialización –la recuperación de sitios históricos, monumentos, museos, eventos públicos u otras maneras por las cuales las sociedades enfrentan colectivamente su pasado” – adquiere un rol preponderante para las sociedades que buscan establecer ciertos límites intraspasables e inquebrantables como comunidad, de manera de intentar asegurar la imposibilidad de repetir los sucesos vividos en los distintos procesos de quiebres democráticos. En la medida en que las sociedades han ido asimilando lo sucedido y que se ha ido incorporado al discurso y la practica el tema de la memoria de lo ocurrido, comienza a expresarse en la ciudad un sinnúmero de manifestaciones que buscan contar, dialogar y permanecer.
“Los memoriales y los esfuerzos de memorialización pueden contribuir en pos del fortalecimiento de las prácticas y actitudes democráticas al dejar marcas “físicas” que se refieran al pasado violento y sus víctimas, impulsando a la sociedad a reflexionar sobre formas de resolver conflictos, de confrontar las diferencias y de disentir” . Ignorar el pasado y su expresión física en la ciudad impide la normal transición de una comunidad hacia su reencuentro, esto adquiere mayor relevancia al considerar un estudio sobre víctimas de violencia que plantea que “las iniciativas de memorialización representan la segunda forma más importante de reparación estatal después de la compensación económica” .
La desaparición de elementos significantes en la ciudad genera un quiebre en el potencial de transmisión histórica que ésta posee, impidiendo que éstos lugares cumplan la función de puentes entre el pasado y el presente, permitiendo el normal relato y transmisión del acervo cultural de una sociedad hacia las nuevas generaciones.
La desorientación, como comportamiento social, se masifica en las sociedades sin puntos de referencia, generando ciudades con una imagen urbana débil, sin arraigo, en las que el ciudadano se desorienta y con las que no se identifica. En ese sentido, si las respuestas desde los organismos y actividades relacionadas con la ciudad pretenden que ésta incluya en su evolución un paso del tiempo coherente y respetuoso con su pasado, trabajar en las referencias que permitan la orientación parece fundamental: pensar nuevos tejidos de memoria donde los lugares olvidados sean rescatados y des-cubiertos, enunciados, re-incorporados y relacionados.
Pese a la cobertura mediática sobre el tema de la memoria, actualmente vemos cómo la memorialización continúa siendo un proceso dispar. La mayoría de los sitios de memoria no sobreviven, se pierden en el límite de las comunidades que los reclaman y las políticas gubernamentales de patrimonio y planificación urbana, como las de justicia y derechos humanos.




II. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MEMORIA

En Chile, tras el fin de la dictadura de Pinochet uno de los problemas más complejos que debieron enfrentar los gobiernos democráticos fue el de resolver la herida dejada por la sistemática violación a los derechos humanos, perpetrada por el régimen militar.

No ha sido fácil, y no sólo por tratarse de un problema inédito como lo era, sino también y sobre todo por el contexto de una democracia frágil, marcada en el decir de Manuel Antonio Garretón , por “enclaves autoritarios”, que no eran solamente simbólicos.

Por otra parte, las necesidades y expectativas de las víctimas y sus familiares, que se habían organizado desde el primer día de la dictadura, hacían de este un tema humana y éticamente ineludible.

El primer paso fue el Informe Rettig , que fue dado a conocer por el Presidente Aylwin en marzo de 1991 y cuyo propósito era el “esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos (pues)...sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones para alcanzar una efectiva reconciliación nacional” y “permitir reparar en alguna medida el daño causado” .

Decimos que este fue un primer paso, pues sólo se consideró como víctimas de la represión a aquellas personas ejecutadas o detenidas desaparecidas por agentes del estado, sin incluir a los sobrevivientes de la tortura, prisión política, exilio u otras formas de castigo.

En la práctica era una verdad aún fragmentaria, en tanto pudo construirse sólo a partir del testimonio de los familiares de las víctimas y los organismos de defensa de los derechos humanos, sin colaboración de las FFAA. Quedaba y queda aún por saber el destino de todos los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Sin embargo el gran valor del Informe es el reconocimiento del carácter de víctimas de más tres mil personas muertas o desaparecidas en manos de agentes del estado durante la dictadura y que hasta entonces no habían tenido oficialmente ese trato. Desde esa perspectiva, el Informe Rettig y el discurso del Presidente Aylwin, representa la primera reparación moral a las víctimas y sus familias.

Tanto o más importante resulta recordar que el Informe fue la primera oportunidad en que el Estado entrega esta información al conjunto de la sociedad chilena. Desde entonces nadie puede negar lo sucedido.

Por último el informe recomienda reparaciones materiales y simbólicas a las víctimas y sus familias al señalar que “El Estado puede encabezar gestos y crear símbolos que le otorguen sentido nacional a la reparación” y agrega que “Sería de esperar que en el plazo más prudente, la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las víctimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social y una cultura más cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos, que nos asegure que actos violatorios de tanta gravedad para la vida no serán cometidos en el futuro” .

Con respecto al avance en materia de verdad, el hito más importante tras el Informe Rettig fue el la creación de la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura que dio a conocer sus resultados a fines del año 2004. Con esto se saldaba una deuda con un sector importante de víctimas de la dictadura que no habían sido consideradas en el Informe Rettig. Además creemos no equivocarnos al señalar que este informe tuvo un impacto aún más profundo en la sociedad chilena, tanto por la dimensión del problema, como por representar una experiencia inédita en el mundo.

Tanto el Informe Rettig como el Informe Valech, son un importante testimonio, no sólo para hoy sino que para las generaciones futuras de chilenos, constituyéndose como importantes fuentes históricas Tras el horror que develan también se constituye como una lección para la vida democrática.

Por otra parte han representado una importante reparación para las víctimas. Por un lado prevén una indemnización monetaria, que pueda compensar en alguna medida el daño sufrido, pero por otra parte han abierto el camino para una serie de medidas simbólicas que restituyen su honra, como la construcción de memoriales, monumentos, entre otras cosas.

No podemos dejar de reconocer que uno de los aspectos más controversiales de estos informes ha sido el hecho de que no sean vinculantes con la justicia. Eso sin duda, ha sido una demanda muy sentida por las víctimas, y si bien los informes lo consideran como una medida necesaria, no tienen injerencia sobre el poder judicial.

Sin embargo, es precisamente en el ámbito de la justicia en donde más se ha avanzado en Chile, comparativamente hablando. Tal vez sólo la experiencia argentina pueda ser similar. En la mayoría de los países que han vivido situaciones traumáticas, la justicia ha sido una demanda en general postergada y sacrificada en pos de la convivencia nacional (como en Sudáfrica) u otras consideraciones. A menudo, las posibilidades de ejercerla han llegado demasiado tarde (Por ejemplo en el Estado Español).

En Chile, a pesar de las trabas heredadas de la dictadura, de la Ley de Amnistía de 1978, de un poder judicial en su mayoría cercano al régimen militar, las posibilidades se veían escasas. Famosa fue la frase del ex presidente Aylwin que señalaba que habría que aspirar a la “justicia en la medida de lo posible”. Sin embargo la larga lucha de los familiares de las víctimas, de los organismos de derechos humanos, de sus abogados, la detención de Pinochet en Londres, entre otros aspectos, han permitido que la medida de lo posible se haya ampliado más allá de lo imaginado. A la fecha, día a día, se libra en tribunales una ardua lucha por el esclarecimiento de la verdad y el castigo a los culpables, con avances lentos pero importantes.

La reinterpretación de la ley de amnistía, así como el compromiso de los gobiernos de la concertación con los convenios internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, en cuanto a la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de estos, han sido fundamentales en este proceso.

La justicia es sin lugar a dudas, la esencia de un estado de derecho, así mismo representa una reparación moral a las víctimas, y en principio restablece la convivencia perdida. Sin embargo no podemos permitir que el cauce del recuerdo, de la verdad de lo ocurrido, transcurra sólo por los pasillos de los tribunales de justicia. No puede quedar entre esas cuatro paredes con los jueces, abogados y víctimas como únicos testigos. La sociedad chilena debe conocer y aprehender estas experiencias.
Reconociendo los avances en los ámbitos de verdad y justicia, aún constatamos un falta de compromiso social y de voluntad política frente a los lugares marcados por el dolor, los sitios de conciencia –particularmente los centros de torturas– lugares que son símbolos de la barbarie e irracionalidad de los regímenes totalitarios y que también son los representantes físicos en la ciudad de los traumas latentes de la sociedad. Esto se expresa, urbanamente, de diversas formas (somatización): a través de la negación, el ocultamiento, la demolición y la desaparición , para finalmente transformarse en olvido y abandono.

III. LA CIUDAD ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO

La ciudad actual se ve enfrentada a la masiva pérdida de lugares significativos, ante lo cual acumula una incapacidad de respuestas y acusa la incomprensión de los fenómenos que ocasiona dicha pérdida. El cotidiano urbano pareciera ser un cuadro patológico de pérdidas no asumidas, reemplazadas abruptamente por nuevas realidades que generalmente no se hacen cargo de lo que existió antes. El dilema es aun más complejo cuando estas pérdidas son forzadas y no se producen por normal obsolescencia de las estructuras, sino más bien por intereses particulares o generales, razones políticas o traumas colectivos.
“Las ciudades, las grandes ciudades, tienen una relación particular con la historia. Ésta invade su espacio por medio de la conmemoración, de la celebración ostentosa de las victorias y de las conquistas. La arquitectura sigue a la historia como a su sombra, pese a que los lugares de poder se desplazan en función de las evoluciones y revoluciones internas. La historia es también violencia, y a menudo el espacio de la gran ciudad recibe de lleno los golpes. La ciudad lleva las marcas de sus heridas” .
Sin embargo, cuando este desarrollo no es planificado y se encuentra principalmente en manos del mercado, y cuando observamos, además, que ciertas estructuras simbólicas son arrojadas al olvido por intereses políticos y económicos específicos (no por su simple obsolescencia, como podría entenderse en el curso de una evolución normal), es cuando el tema comienza a inquietar y parece necesario preocuparse de la “buena” memoria de una sociedad y de su correlato físico en la ciudad. Se debe buscar la manera de consolidar la memoria física al lenguaje y a la práctica, sobre todo de la mano de los profesionales a quienes les incumbe el tema: arquitectos, planificadores, urbanistas, empresas inmobiliarias, así como a las autoridades encargadas de velar por el patrimonio tangible e intangible de la sociedad.
Es por esto que al trabajar con la memoria construida se debe tener en cuenta la capacidad de impactar el mañana, minimizando la posibilidad de que esa marca se transforme una marca pétrea, inerte. Uno de los elementos a tomar en cuenta en los procesos de resignificación de lugares es que se debe, sin prejuicios, intentar conjugar la mayor cantidad de memorias posibles tanto colectivas como individuales, posibilitando que distintos grupo activen allí sus diversas memorias, exponiéndose las tensiones de una sociedad pero de manera democrática. Debe convertirse un lugar de convergencia ciudadana, el escenario ideal para desplegar un espacio democrático, un espacio de conciencia donde se funda la cotidianeidad con las prácticas de memoria activa.
En este sentido es que Manuel Antonio Garretón plantea que los componentes de la memoria debieran ser tres. La memoria trágica: que es la que trae al presente el pasado doloroso y donde se revela la crueldad de lo sucedido; la memoria reflexiva: intenta un trabajo sobre el recuerdo doloroso, de manera de ir transformándolo en un recuerdo activo o de permitir su olvido de buena manera, “la memoria necesita del olvido: hay que saber olvidar el pasado reciente, para recobrar el pasado remoto” y la memoria proyectiva: que es la capacidad que tiene la memoria de ser agente de futuro, o sea memoria ejemplar, “el uso [de la memoria] ejemplar me sirve como modelo para comprender nuevas situaciones, abro ese recuerdo a la analogía y extraigo una lección. El pasado se convierte, por tanto, en principio de acción para el presente” .
Enmarcado en estos tres pilares fundamentales es que las distintos recuerdos se deberían desarrollar: la memoria de lo que fue y los proyectos que la animaban, la memoria de las luchas de resistencia, la memoria de la represión y la memoria sobre la impunidad.

IV. LA MEMORIA CONSTRUIDA


La cultura occidental ha dedicado siempre, y muy particularmente tras los horrores del siglo XX, lugares para la memoria de los caídos. En nuestro país, sin embargo, no ha sido una práctica recurrente, aún cuando debemos mencionar importantes iniciativas ciudadanas de recuperación de lugares, como Villa Grimaldi, Londres 38, Estadio Nacional, y otros lugares emblemáticos de tortura.

Recuperar los lugares de la memoria se ha convertido así en una tarea que recién comienza y que merece a nuestro juicio, la participación del Estado y la sociedad civil en su conjunto.

Para ello se hace fundamental fomentar los procesos de recuperación de la memoria. A nuestro parecer la memoria es un derecho y un deber. Un derecho que los ciudadanos y ciudadanas deben exigir y ejercer, y es un deber del estado promover políticas que aseguren ese derecho.
El informe Valech devela una abrumadora realidad, existieron 1132 centros de detención a lo largo de todo Chile, 221 en Santiago. Regimientos, comisarías, bases aéreas, casas particulares, fundos, gimnasios, escuelas, antiguos hospitales, velódromos, locales incautados a organizaciones políticas, edificios públicos, buques, cada uno de estos lugares serían utilizados por los servicios de seguridad para el uso sistemático de maltrato, violación, tortura y asesinato. La mayoría eran inmuebles estatales de uso público, cada uno de ellos encierra su propio drama, sus historias no han sido contadas sino más bien acalladas. En el transcurso de la transición y sólo a través de la presión ciudadana se han podido rescatar algunos sitios del olvido.
De estos lugares hemos elegidos dos, para visibilizarlos y proponer estrategias de recuperación e intervención. El lugar donde funcionó el Cuartel Borgoño, centro de detención y tortura desde fines de de los años 70 hasta los últimos días de la dictadura, y el ex frontis del Colegio Latinoamericano de Integración, lugar donde fueron secuestrados en marzo de 1985 dos militantes comunistas, que al día siguiente aparecieron junto a otro compañero, degollados en las afueras de la ciudad.
Los motivos de esta elección son variados, siendo los más importantes el de los lazos afectivos.
También existen otros motivos. Uno de ellos dice relación con la etapa represiva a la que corresponden los hechos ocurridos en estos lugares. En efecto se enmarcan en la última etapa de la represión , que comienza en 1978 con la disolución de la DINA y su transformación en Central Nacional de Informaciones (CNI) y la promulgación de la Ley de Amnistía y se prolonga hasta los últimos días de la dictadura. Es también la etapa de la “institucionalidad del Régimen” (Constitución de 1980).
En términos represivos este período se caracteriza por “un mayor refinamiento en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaban la privación de libertad por motivos políticos e incluso la tortura” . La elección de las víctimas es mucho más selectivo y busca desarticular a la oposición en un nuevo contexto político caracterizado por las protestas populares en contra del régimen.
Los lugares enunciados y los hechos represivos allí ocurridos son los más cercanos en el tiempo y sin embargo los que permanecen en la zona más gris del recuerdo. La reparación y la memoria ha estado volcada hasta ahora fundamentalmente a los desaparecidos de los primeros años de la dictadura.
Sin cuestionar este hecho, nos parece igualmente importante visibilizar a las víctimas de un régimen que reprimió hasta el último de sus días .
Por otra parte y desde un punto de vista generacional estos hechos han marcado indeleblemente nuestro devenir histórico. El despertar de nuestras conciencias coincide e incluso se deriva del hecho de haber sido testigos directos de estos sucesos.

1. CUARTEL BORGOÑO: La memoria usurpada
La historia de la tortura está íntimamente asociada al secreto. Se busca extraer un secreto –propósito que se extravía para derivar en el castigo-. Los centros de tortura, en general son clandestinos, aunque se sospeche de su existencia.
Es un misterio para la sociedad: sé que algo ocurre pero no sé exactamente que y ante eso hay dos caminos: me imaginó lo peor, lo que consigue el objetivo de paralizar; o la negación, que favorece la impunidad y el olvido. Los sobrevivientes por lo general no hablan, antes por miedo, luego porque hacerlo significa volver a vivir una experiencia límite que sería preferible olvidar. El estado terrorista lo niega, pero lo enuncia como una amenaza latente para todos aquellos que intenten oponerle resistencia.
Esta perversa dualidad entre el secreto y la sospecha cumple con el objetivo de castigar a los militantes de la oposición, pero sobre todo el de causar terror en su entorno cercano y la población en general, que ante el temor se inmoviliza. Por otra parte, ya en democracia dificulta los procesos de recuperación de la memoria. A quienes fueron torturados no se les reconoció su carácter de víctimas hasta la creación de la Comisión Valech en 2003, y si bien fue un paso significativo en la restitución de la dignidad de las personas que sufrieron esta experiencia y en señalar los lugares de tortura, la impunidad que aún impera en estos casos conspiran a favor del silencio.

El Cuartel Borgoño posee una rica y amplia historia que se remonta hacia finales del siglo XIX como un lugar que tuvo el carácter de servicio público. Así, el traer al presente el cuartel Borgoño, es recuperar su historia como Instituto de Higiene, luego como Instituto de Salud Pública y después como el Servicio Nacional de Salud, momento en que es usurpado por la CNI, para ser ocupado como centro de torturas, hasta llegar actualmente a funcionar como Cuartel de la Policía de Investigaciones.
Este recinto tenía acceso por la calle Borgoño y también por Santa María Nº 1453. Las primeras informaciones acerca del nuevo uso asignado a este inmueble datan de mayo de 1977. Según testimonios, el recinto se habría utilizado hasta el año 1987 y el mayor número de detenidos se registró entre los años 1984 y 1986.
Las personas llegaban a este recinto detenidas por la CNI, o bien eran trasladadas desde otros recintos de Carabineros e Investigaciones. Luego de un período que fluctuaba entre días y semanas –tiempo en el que permanecían incomunicados, generalmente sin que su detención fuese reconocida– los detenidos eran puestos a disposición de alguna fiscalía militar o tribunal civil, y luego eran derivados a la cárcel. A otros se los dejaba en libertad, previa firma de una declaración incriminatoria que no podían leer y que era posteriormente presentada como confesión. Algunos otros fueron relegados .
Este cuartel era conocido por los agentes de seguridad con el nombre de "La Casa de la Risa" . Aquí tenían su base de operaciones las unidades especializadas en el MIR y más tarde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez . Cualquiera fuera la circunstancia en la que se las apresara, todas las personas fueron amenazadas para que no denunciaran las torturas de las que habían sido objeto .
El 24 de abril de 1979, a raíz del estallido de una bomba que causó la muerte del teniente Luis Carevic Cubillos, los medios de prensa suministraron informaciones contradictorias sobre el recinto en cuestión. El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército afirma que se trata de las dependencias del Servicio Nacional de Salud, según reza un comunicado que publica El Mercurio por esa fecha, en tanto otra crónica señala que «allí funcionó un local del Servicio Nacional de Salud y ahora está establecido un cuartel preventivo de los servicios de seguridad».
En 1984 el gobierno lo reconoce, junto a otros recintos y mediante un decreto publicado en el diario oficial, como una dependencia de la CNI “para los efectos del cumplimientos de los arrestos que se dispongan en virtud de la disposición vigésimo cuarta transitoria de la Constitución de la República de Chile” .
Los testimonios hablan de un gran portón de hierro por donde entraban y salían constantemente vehículos y motos de diverso tipo. Probablemente, el recinto se encontraba cerca de una línea ferroviaria y/o estación, pues sistemática y regularmente se escuchaba el flujo de trenes, además de algunos vehículos que transitaban a gran velocidad lo que a su vez sugería la cercanía de una autopista o avenida . También podía oírse el ruido de un río o canal cercano.
Esta información se ha obtenido por medio de diversas entrevistas con ex prisioneros y la valiosa información entregada por el Informe Valech y el trabajo de María Eugenia Rojas . No ha sido fácil armar un relato único ya que todos los presos estaban constantemente con los ojos vendados.
Sin embargo, cada una de estas sensaciones, percepciones, ruidos y olores recordados fueron fundamentales a la hora de intentar reconstruir físicamente el demolido Cuartel Borgoño, antecedente básico a la hora de elaborar un proyecto de puesta en valor del lugar.
Los relatos concuerdan con la ubicación del Cuartel Borgoño: ubicado al norte de la Estación Mapocho, que en esa época funcionaba; el río Mapocho corriendo por toda su cara sur; el sonido de autos a gran velocidad proveniente de Av. Santa María. Los hombres y mujeres eran conducidos hasta este recinto con los ojos vendados y llevados hasta una puerta por la que bajaban una escalera de ocho o diez peldaños y llegaban a una especie de recepción.
Los detenidos coinciden en decir que pasaban casi la totalidad del tiempo en un subterráneo que contaba con una sala de recepción, una sala para exámenes médicos, una pieza donde se los fotografiaba y se tomaban las huellas digitales, y una pieza de interrogatorio y tortura especialmente habilitada para este fin con somieres metálicos, sillas, generadores eléctricos, picanas y electrodos, además de un pasillo con celdas a cada lado. Con Sergio Aguiló pudimos, tentativamente, reconstruir la planta del subterráneo ubicando estos lugares mencionados, aunque no todos. La planimetría de lo que era Borgoño 1470, antes de su demolición, está extrañamente desaparecida.
Los declarantes relataron que al ingresar se les obligaba a desnudarse y a vestir un buzo de mezclilla y zapatillas. Todo estaba muy sucio y con restos de sangre. Los pasillos estaban revestidos en cerámicas de color blanco y gris. A los detenidos los llevaban con los ojos vendados a un examen médico, que tenía lugar en una sala de color blanco que contaba con una camilla, en donde algunos fueron golpeados. El detenido es examinado por un médico, quien pregunta por enfermedades previas, ausculta y examina en forma superficial. En ocasiones le recomienda que colabore en los interrogatorios. En algunos casos se les inyecta y/o da algún tipo de medicina para sedarlos. Numerosos testimonios denunciaron la presencia y cooperación de médicos en las sesiones de interrogatorio y tortura.
De ahí son derivados a sus celdas en donde comienza su rutina que consistía en el traslado entre los distintos recintos: de la celda a la sala de torturas y la vuelta a la celda o a la sala médica si quedaba en malas condiciones, de la celda al baño (2 veces al día y sin intimidad), de la celda a la sala insonorizada. Estas son principalmente las rutas que se hacían al interior y que se repetían constantemente .
Durante los primeros días la persona es sometida a exhaustivos interrogatorios e intensas torturas. La sala de torturas consistía en una silla que se enfrentaba a un escritorio donde eran interrogados los prisioneros, detrás de él se ubicaban varios personajes que amedrentaban al detenido y que le aplicaban corriente cada cierto tiempo. La sala contaba además con una parrilla eléctrica –cama metálica– donde el detenido era sometido a fuertes descargas eléctricas. La puerta se encontraba detrás del escritorio.
Se le formulan las mismas preguntas una y otra vez por parte de los equipos de torturadores, que se iban rotando; se le amenaza, se le acusa, se lo golpea, se alude a lo mucho que se sabe de ella y se procura dar la impresión de omnipotencia. En algunos casos se le propone que colabore y se le ofrece protección, pero si la persona se niega recibe nuevas y peores amenazas.
Después de los interrogatorios son llevados a la sala médica dependiendo del estado en el que haya quedado o el médico es llamado para reanimar a la persona y determina si se suspende o se continúa la tortura. Si se termina, son devueltos a su celda.
Las celdas individuales estaban “pintadas de amarillo” y eran de 1,5 mts. x 2,5 mts. de superficie, el piso era de parquet y algunas de alfombra de color rojo oscuro. En algunas celdas había camas de cemento. Sobre la puerta, una ampolleta que estaba prendida día y noche buscando desorientar. Aquí hay discrepancia en los relatos en el sentido de que las celdas no tendrían ventanas. Jaime Troncoso , nos cuenta que su celda poseía una ventana extremadamente alta, cosa que es corroborada con las fotos encontradas, ya que existen ventanas a nivel del piso para iluminar el subterráneo. Probablemente durante la ocupación de la CNI este recinto haya sido modificado interiormente.
En las celdas de aislamiento no se permite al detenido descansar, su sueño es interrumpido con preguntas o golpes en las puertas. Existía un solo baño, de grandes dimensiones, de color blanco, sucio y desgastado, tenía un water y varias duchas.
“Arriba” , había un cuarto dotado de equipos de sonido y video acondicionado con cajas de huevos vacías con el propósito de insonorizarlo. Varios detenidos coincidieron en denunciar que fueron fotografiados y filmados en este lugar, en diferentes situaciones montadas por los agentes para hacerlos aparecer con literatura considerada subversiva, con armas, o confesando delitos.
El Cuartel Borgoño ha enfrentado varias de las operaciones que se han realizado en este tipo de inmuebles y que desincentivan la memoria, como su demolición, el cambio de uso, la supresión de su numeración original - el nº 1470 fue cambiado por el 1204-. Este acto cobarde y solapado de borrar lugares de manera tan sutil, también ocurrió con el centro de torturas que funcionó en Londres N° 38 –lugar expropiado al Partido Socialista- donde la numeración fue reemplazada por el Nº 40.
La careta actual de Borgoño es la borrada, la inmóvil, la que pretende decirnos que ahí no ha pasado nada, que todo sigue igual. Esta cara aspira a superar el horror, pero no puede, y no puede porque no reconoce todo lo que allí ha sucedido. Hoy, sólo una pequeña lápida recuerda el horror que carga ese lugar; sólo hace unos meses, y en un intento por ampliar el eco de ese bloque de piedra enterrada, se realizó una intervención en el lugar entregándole más espacio a la memoria en un juego de apropiación moral que pretende recuperar el lugar que le pertenece.
La intervención –autogestionada por la familia– en las afueras del inmueble, es un homenaje a Vicente García , desaparecido el 30 de abril de 1977, y es lo único que intenta traer al presente lo que fue este lugar.

2. EL PROYECTO NARRADO: Museo Memorial ex Cuartel Borgoño

En el lugar se propone la creación de un museo-memorial que traiga al presente la ausencia de Borgoño. Con traer al presente nos referimos a un espacio de conmemoración cotidiano que reciba a las personas que quieran recordar a sus deudos en un recorrido desplegado a lo largo del parque Borgoño, pero que también reciba a las personas que viven en el sector y que desean realizar actividades de ocio en el espacio público. En este lugar coexistirán espacios para el recuerdo, el aprendizaje y el uso cotidiano.
Se pondrá en práctica distintos niveles de memoria:
La memoria significativa: museo-memorial
La memoria cotidiana: espacio público
La memoria proyectada: edificio con programa educativo
La propuesta museo-memorial reposa sobre tres pilares: por un lado la información y el conocimiento, por otro, la dimensión experiencial y emotiva y la fusión con el cotidiano.
El sitio histórico se encuentra demolido ante lo cual se toma la decisión de intervenir el parque que se despliega por todo el costado norte del Cuartel Borgoño. Emplazar el museo-memorial en un lugar abierto es la primera determinación fundamental del proyecto, ya que pone en práctica una de las ideas fundamentales desarrolladas que tiene que ver con la memoria cotidiana: o sea un lugar público, abierto, de encuentro democrático. El espacio público se encuentra en desuso tanto por su estado deteriorado, como por su cercanía con un recinto policial (nadie piensa en ir a relajarse al lado de la policía) por lo que su nuevo diseño debe contemplar la mayor cantidad de actividades para que la convocatoria sea amplia.
El parque se despliega en zonas con distinto grado de exposición acogiendo una gran variedad de actividades: juegos infantiles, aéreas verdes, zona de deportes y transito rápido, zonas de descanso. Desde el comienzo del proyecto un camino de agua guía el caminar estableciendo una relación sonora con el usuario, al igual que los detenidos que reconocieron el lugar por escuchar el rio Mapocho. El agua simboliza limpieza, movimiento.
Las torturas en Borgoño sucedían en el subterráneo, hoy demolido, por lo que se decide enterrar el proyecto, proponiendo una grieta como acceso que desciende a través de una extensa rampa que se hunde 7 metros bajo el nivel del parque que refleja el largo periodo de búsqueda de justicia y verdad. Esta rampa sumerge al visitante en la excavación arqueológica, donde se reencuentra con Borgoño. Se descarna la superficie, simbolizando la verdad buscada, la verdad anhelada, intentando encontrar el lugar antropológico.
El Museo-Memoria pretende complementar nuestra memoria cotidiana, puesta en práctica en el parque, entregando la posibilidad de ejercer la memoria proyectiva: en los recintos educativos como salas de clases, biblioteca y mediática; y la memoria trágica: en el pozo de las ausencias: lugar de conmemoración que intenta contener todas las ausencias, que no han sido clarificadas debido al trabajo de borrado de la información de Borgoño. En su vacío están todos y todas los que no están, se hacen carne todos los desaparecidos, los torturados, los exiliados. Este vacío no es visible completamente, genera la sensación de vértigo y desequilibrio.
En definitiva este proyecto recupera el sitio olvidado pero además propone una nueva forma de entender estos espacios mezclando programas, flexibilizándolos, abriéndolos al espacio publico, entendiendo que solo a través de la ampliación del circulo de participación de estos sitios es que se puede asegurar la permanencia de la memoria, es la apropiación futura de estos lugares la que asegura que la historia se seguirá contando y no pasara al olvido.


3. CASO “DEGOLLADOS”: “La vida le ganó al exterminio””
El 63% del total de víctimas de la dictadura corresponden a ejecutados políticos, es decir, más de dos mil personas. En un comienzo una de las formas de ejecución en que se llevaron a cabo fue bajo la figura ‘Consejos de Guerra’, sin embargo estos se efectuaron de manera dolosa sin que se respetaran las reglas más elementales de un debido proceso. El Informe Rettig “ha considerado por tanto, que las muertes resultantes de los Consejos de Guerra constituyeron gravísimas violaciones a los derechos humanos” .
En otros casos “las ejecuciones extra-legales, o de carácter administrativo al margen de todo proceso... pretendieron justificarse como aplicación de la “ley de fuga”. Lo cierto es que nunca fue probado que un detenido hubiese pretendido huir de sus captores. Más aún, en la mayoría de los casos se trata de personas previamente torturadas, sin fuerza física o simplemente maniatadas.
Los lugares de los hechos, por lo general no daban posibilidad alguna de fuga tanto por ser lugares solitarios, como por ser numerosos los contingente militares o policiales que trasladaban a los detenidos” . Se desprende, también, del Informe Rettig, que la muerte fue en algunos casos precedida por la tortura, para agravar el daño a la víctima o bien producto de la tortura, lo que también es considerado por la comisión como una forma de ejecución.
Otro método de ejecución, “practicada básicamente por la CNI fue el “falso enfrentamiento”: provocar la muerte de una persona, encubriendo el acto como legítimo acto de protección ante el ataque armado” . Investigaciones judiciales han podido determinar que no existen tales casos y más bien se trató de personas detenidas previamente, que fueron ejecutadas o personas detenidas que no portaban armas.
También encontramos casos de ejecuciones por uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de agentes del estado, como por ejemplo balaceras indiscriminados.
Por último “La Comisión también conoció numerosos casos de ejecuciones que no se pretendieron justificar mediante ninguna explicación. Algunas de éstas se practicaron en contra de víctimas que estaban físicamente en poder de sus captores” .
El caso del secuestro y degollamiento de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, es paradigmático de esta última modalidad. El plagio fue perpetrado a plena luz del día, en la vía pública, por carabineros vestidos de civil, con un gran despliegue de infraestructura del estado y con cientos de niños como testigos. El gobierno siempre negó su participación en los hechos e hizo lo posible por estigmatizar a las víctimas.
Guerrero, Parada y Nattino fueron elegidos para ser asesinados, premeditadamente, por sus actividades políticas, al mismo tiempo que los métodos utilizados perseguían una clara intención intimidatoria contra la sociedad chilena, en un contexto de masificación de las expresiones de rebeldía contra el régimen.
Para Lira y Castillo este crimen hay que clasificarlo entre aquellos considerados extraordinarios “por su crueldad y repercusión en la sociedad chilena. Se inscribe dentro del terrorismo sistemático y cotidiano de la represión, teniendo como finalidad reforzar la amenaza y el temor, ya que el movimiento de oposición estaba creciendo y era capaz de generar respuestas organizadas frente al régimen. Esta modalidad forma parte del régimen de terrorismo de estado que caracterizó a la dictadura .

4. LA RUTA DE LA VIDA, LA MUERTE Y LA MEMORIA
El 29 de marzo de 1985, pasada las 8 y media de la mañana, y desde las puertas del colegio Latinoamericano de Integración, ubicado en los Leones 1401, fueron secuestrados Manuel Guerrero Ceballos de 36 años y José Manuel Parada Maluenda, de 34 años. Este hecho ocurrió en un residencial y céntrico barrio de la comuna de Providencia y ante cientos de niños que iniciaban su día de clases. Los secuestradores, miembros de Carabineros de Chile, vestidos de civil, se valieron de un vasto operativo que incluyó un helicóptero y desvíos de tránsito. Actuaron fuertemente armados y acribillaron a quemarropa al profesor Leopoldo Muñoz quién intentó impedir el secuestro, dejándolo gravemente herido.
Tanto Guerrero como Parada eran personas reconocidas públicamente, tanto en su desempeño profesional como en su actividad política. El primero era profesor e inspector del colegio Latinoamericano, -donde también estudiaba su hijo- y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH).
Parada era sociólogo y se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, organismo dependiente del Arzobispado de Santiago que daba asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
El día anterior al secuestro de Guerrero y Parada, en calle Apoquindo con Badajoz, Santiago Nattino, publicista, fue interceptado y plagiado por civiles que se identificaron como policías. Los tres eran militantes del Partido Comunista de Chile.
El 30 de marzo, alrededor de las 13:30 horas se informó que, los cuerpos sin vida de los tres profesionales habían sido encontrados por un campesino en un descampado cercano al camino al aeropuerto de Santiago. La noche de ese día el Servicio Médico Legal confirmó la identidad y causa de muerte de las víctimas: Guerrero, Nattino y Parada habían sido degollados.
Por su parte la AGECH convoco a una huelga de profesores a la que se sumó el Colegio Latinoamericano, “con un ayuno de 24 horas y la pintada de murales en las paredes interiores de los patios” . En su Frontis, los estudiantes colgaron un cartel que decía: “AQUÍ FUERON SECUESTRADOS”. En la noche “anónimos transeúntes llenaron la vereda y rejas anteriores del colegio con velas encendidas” . Era el primer esfuerzo por resguardar su memoria, en el lugar de los hechos.
La conmoción pública causada por este crimen fue inmensa. Los medios de comunicación de la época, que en general, ocultaban toda aquella información que perjudicara al régimen, dieron amplia cobertura al hecho, tratando de desmentir cualquier responsabilidad del gobierno, que en un comienzo quiso darle un carácter netamente policial. Cabe constatar que el país se encontraba bajo Estado de Sitio, por lo que la prensa de oposición no podía circular y recién pudo hacerlo a mediados de ese año.
El Diario la Tercera señaló: “Fuentes vinculadas a círculos oficiales señalaron anoche que los asesinatos del profesor Manuel Guerrero Ceballos, del abogado (sic) José Manuel Parada Maluenda y del funcionario judicial (sic) Santiago Natiño (sic) constituyen uno de los intentos más siniestros del extremismo chileno en su afán de derrocar al Gobierno y provocar el caos en Chile” . En la misma línea el diario El Mercurio informaba que un portavoz oficial, que pidió reserva de su identidad señaló que “no cabe la menor duda que se trata de un grupo interesado en que, alguna parte de la opinión pública más desaprensiva, considere que pueden ser organismos para-gubernamentales o el gobierno o alguna de sus instituciones la que sea involucrada en el hecho” .
El General César Mendoza, director general de Carabineros y miembro de la Junta declaró el 4 de abril: “Ustedes saben que éstos (las personas asesinadas) eran dirigentes de alto nivel, y el fracaso de los paros, de las protestas y todo aquello...esto no lo perdona el comunismo internacional y no lo perdonará jamás. Entonces tiene un doble objetivo. Uno, castigar a quienes considera culpables. Y otro, dejárselo caer al Gobierno” .
Sin embargo, desde un comienzo existieron elementos contundentes que hacían pensar que los autores eran miembros de las FFAA, y particularmente de Carabineros. “Las características del secuestro, la amplia operación montada en las puertas del Colegio Latinoamericano, el paso de un helicóptero policial minutos antes del plagio de Parada y Guerrero, apuntaban en esa única y perturbadora dirección” . Debido a la presión nacional e internacional, y en particular, la petición de la Vicaría de la Solidaridad, el gobierno solicitó la designación de un ministro en visita, que fue acogida por el Poder Judicial, recayendo la responsabilidad en el juez, José Canovas Robles, quién a los pocos meses debió declararse incompetente, pues había llegado a la conclusión de que los responsables eran miembros de Carabineros, por lo tanto el caso era de competencia de la justicia militar. La información más contundente en ese sentido le había sido entregada por la CNI, que tenía fuertes disputas con carabineros por el control de la información y represión contra la oposición. Este informe “Atribuía a Carabineros la responsabilidad básica de los secuestros, y se proponía vincular la tenebrosa seguidilla con los antiguos remanentes del Comando Conjunto, que en 1976 había disputado a la DINA el control de la calle y que había aniquilado a varias direcciones clandestinas del Partido Comunista” . El mismo Comando que había secuestrado a Manuel Guerrero Ceballos en 1976.
Pese a las mentiras oficiales y el encubrimiento de los responsables, el 2 de agosto el Director General de Carabineros y miembro de la Junta Militar, el General César Mendoza, debió presentar su renuncia. En su lugar asumió el hasta entonces Sub Director Rodolfo Stange.

En relación a estos hechos el Informe Rettig señala lo siguiente: “Este crimen causó honda repercusión tanto nacional como internacional, dando lugar a una extensa investigación judicial. Autoridades del gobierno explicaron en un comienzo el crimen como consecuencia de una purga entre comunistas. Sin embargo, de los antecedentes narrados y los reunidos en la investigación judicial, la comisión ha llegado a la convicción de que Manuel Guerrero, José Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban, en violación de sus derechos humanos” .
Casi diez años después de transcurridos los hechos, la investigación a cargo del Juez Milton Juica, llegó a su fin y los autores materiales de los crímenes fueron condenados y permanecen en prisión. Fue una de las primeras sentencias dictadas en contra de agentes del estado y civiles a su servicio, por violaciones a los derechos humanos.
En abril de 1994, el ministro de defensa del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Edmundo Pérez Yoma, solicitó la renuncia del Director General de Carabineros, Rodolfo Stange, como consecuencia de la decisión del Juez Milton Juica de procesarlo por su participación en el caso.
Sin embargo Stange, amparado por la Constitución de 1980, que concedía la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, se negó a renunciar.
En marzo de 2006 con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, familiares, amigos y compañeros inauguraron el memorial “Un lugar para la memoria: Guerrero, Parada y Nattino” . Tres enormes sillas que señalan el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos sin vida. El hijo de Manuel Guerrero señaló ese día: “El 29 y 30 de marzo es un shock, una señal para todos de ayer y de hoy, no es un problema del pasado, es un problema de mañana. Pero el recuerdo es un recuerdo de lucha, de compromiso, el recuerdo de las ciencias sociales trabajando por la humanidad, del arte comprometido, de la educación generando gente nueva, unida, sin divisiones, ni exclusiones” .
En contraste con este hecho, el lugar donde fueron secuestrados Guerrero y Parada comenzaba una transformación que amenazaba la persistencia de la memoria. El colegio Latinoamericano era demolido para iniciar la construcción de un edificio igual a otros cientos que cada día se elevan en la ciudad. La puerta donde ayer conversaban ya no existe. El frontis del establecimiento donde cada 29 de marzo sus estudiantes encendían velas en su recuerdo se hizo irreconocible.
El lugar del secuestro es mucho más que un fetiche o un intento de exceso de memoria. Es el lugar de trabajo, amistad y de los proyectos de vida que soñaron juntos los “Manueles” para Chile. Es un símbolo de la lucha contra la dictadura, del anhelo de justicia y de futuro. Nuestra propuesta nace de estas ideas fuerzas .
No queremos que la vorágine de la ciudad actual nos prive del recuerdo, sino que buscamos la continuidad del relato, para que este lugar siga enunciando a las nuevas generaciones lo que allí ocurrió.
5. EL PROYECTO NARRADO
Nuestra propuesta pretende unir la realidad de un proyecto inmobiliario, que por estos días emerge en el que fuera el lugar del colegio Latinoamericano, con la necesidad de hacer permanecer el recuerdo a pesar de las transformaciones de un sitio histórico.
El proyecto busca generar una pausa en la linealidad de la vereda a través de un vacío que exprese la ausencia de Guerrero, Parada y Nattino. Este vacío será expresado a través de un vidrio estructural transitable que estará sobre un hoyo conformado por tres planos descendentes (cada uno con sus nombres). Esto pretende producir un efecto de vértigo para que el peatón se detenga, contemple y se informe. La textura de la vereda complementa la idea de quiebre, en el sentido de, al ser distinta, potenciar la idea de ruptura y preparar la llegada del peatón al vacío.
También se realizará un trabajo de vegetación en el borde de la vereda quitándole la ortogonalidad y ayudando en la idea de marcar ésta “herida urbana”. Como la marca debe impactar tanto al transeúnte como al automovilista proponemos una corrida de pilares, de 3 metros de alto, separados cada 1.5 metros, que contengan los 30 derechos fundamentales del hombre. Los pilares actúan como muro de contención hacia la calle permitiendo que el espacio del memorial quede aislado para actividades contemplativas y de reflexión. Los derechos fundamentales se enmarcan en la idea de que el memorial conmemore la vida y no la muerte, que sea una señal de esperanza, positiva, alegre hacia la sociedad y la ciudad, donde los niños de hoy y de mañana puedan tranquilamente aprender, en un espacio de convivencia, los derechos del hombre y la mujer.


V. PERSPECTIVAS Y LINEAMIENTOS

El reconocimiento estatal respecto a lo ocurrido, declarado explícitamente, tiene una capacidad de sanación y de reparación importantísima en sociedades traumatizadas post-dictaduras. El esclarecimiento, o la necesidad de esclarecimiento, impulsado desde el propio aparato del estado carga con un simbolismo y una enseñanza muy superior a la acción realizada por cualquier grupo o colectividad. Por esto, es fundamental que el Estado no promulgue el olvido y, en cambio, establezca políticas de memoria que impulsen una enseñanza para la sociedad del presente y la del futuro, cultivando la conciencia histórica.
Para elaborar un proyecto fundacional de memoria, el estado debiera desplegar acciones que tengan relación con tres ejes fundamentales: archivo, memoria construida y educación. Esto quiere decir:
• Acopiar y preservar los objetos, la documentación y los testimonios que den cuenta de una época y una problemática en particular. Se deben buscar todas las formas de preservar el material de memoria existente, asegurando un fácil acceso de la ciudadanía a esta información.
• Encontrar la mejor manera de mostrar y difundir esta información para lograr el objetivo central de la transmisión de ideas, conclusiones y valores.
• Encontrar los caminos para aprender y enseñar nuestra historia reciente. Desde el estado se deben impulsar políticas de enseñanza de los DDHH, incluir esta temática en los colegios, de manera que las nuevas generaciones crezcan imbuidas de valores y principios que respeten la vida y la diversidad.

El estado y la sociedad civil deben generar e impulsar diferentes proyectos de memoria construida de manera de no perder parte importante de nuestro capital cultural. La memoria construida debe rememorar, cobijar, establecer lugares donde la sociedad pueda establecer relaciones más allá de lo físico, relaciones simbólicas, biográficas. Hablamos de lugares capaces de activar los territorios emocionales individuales y colectivos, contribuyendo a la superación de los traumas acarreados.
La constante desaparición de estos lugares simbólicos nos acerca, necesariamente, a una primera disyuntiva: ¿qué hacer en el plano de lo inmediato mientras se definen los lineamientos generales del proyecto de memoria del país? Una primera acción debería ser establecer una política de protección de todos aquellos inmuebles significativos, con la intención de asegurar la posibilidad futura de construir memoria a partir de dichos lugares, si es que es definido que ese lugar debe cumplir un rol.
¿Como asegurar su permanencia?
Claramente asegurar su permanencia en el tiempo es difícil, pero se pueden minimizar los riegos cuando están incluidos en los procesos de memorialización distintos proyectos de memoria que incluyen programas abiertos, convocantes, que hagan crecer el núcleo de participación inmediato.
Además promover la realización de memoriales en el espacio publico de manera de democratizar la memoria y promover el encuentro ciudadano.
Sociedad civil y Estado trabajando en conjunto a través de éstos lineamientos generales sumado con políticas de memoria no reactivas parecieran ser los garantes de una ciudad coherente con su historia, particularmente con la historia trágica, esa que generalmente es arrasada, marginada o borrada por la ciudad palimpsesto , esa ciudad que niega el dolor, que esconde sus estructuras traumáticas sin solución de continuidad, que impone lo nuevo borrando las marcas de ayer, limitando el ejercicio democrático de la memoria en el futuro, que es la herencia que podemos dejar a las nuevas generaciones para inventar un mañana mejor.